Los activos tóxicos son fondos de inversión de muy baja calidad que se
crean a partir de hipotecas a personas con solvencia económica baja
(respaldados por una vivienda cuyo precio real difiere bastante del especulativo).
El valor de estos fondos de inversión es
prácticamente cero o negativo.
WIKIPEDIA
Los pelotazos urbanísticos
fallidos, en los que participaron la mayor parte de los bancos y cajas
españoles, han llevado a la ruina a cientos de empresas y al paro a decenas de
miles de ciudadanos, pero dejarán intacto al sistema financiero. Las
operaciones especulativas de ayer se han convertido hoy en activos tóxicos, es
decir, viviendas y suelos sobrevalorados. El desfase entre su valor real y el
expectante que marcaron las tasaciones bancarias será pagada por todos los
ciudadanos por triplicado: mediante sus hipotecas, por la reducción de
servicios públicos y través de sus impuestos, según coinciden algunos expertos.
La otra alternativa, dejar caer a las entidades intoxicadas, como hicieron
Estados Unidos o Islandia, no se la plantea nadie en la UE por miedo a que ello
propague un “pánico contagioso”.
El rescate europeo a la banca
española les facilita un crédito de hasta 100.000 millones de euros para
‘limpiar’ sus activos tóxicos derivados del ladrillo. Si se llegará a utilizar
o no todo este dinero, y su reparto entre las distintas entidades bancarias
afectadas, es todo un misterio. Dependerá de las auditorias externas que el
Gobierno español ha aceptado para nuestro sistema financiero y del seguimiento
estrecho de las condiciones del rescate que realizará la troika (Comisión
Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), ante el
descrédito internacional del Banco de España como regulador. La auditoria
realizada por los privados Wyman y Berger estima que como máximo se necesitarán
62.000 millones, sobre todo para sanear las entidades nacionalizadas, que son Bankia,
Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, pero es sólo una primera
aproximación. Por lo pronto el Gobierno, a través del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) ha inyectado ya 13.869 millones al sistema financiero.
El problema es que los mercados
internacionales, los que prestan el dinero tanto a los bancos como al Gobierno
español, creen que la situación está tan deteriorada que las entidades de
crédito no serán capaces de devolver el préstamo europeo y, por tanto, buena
parte de este dinero se convertirá en deuda pública, puesto que el responsable
último de la devolución es el propio Gobierno. De confirmarse esto último, los
expertos coinciden en que ésta sería una “década perdida” para España, puesto
que la ruina bancaria, resultado de su especulación con valores inflados de
productos inmobiliarios, gangrenaría de tal forma la economía española que no
sería capaz de comenzar a crear empleo neto hasta al menos 2017, al mismo
tiempo que se tendrían que seguir recortando las prestaciones sociales, por lo
que las consecuencias de deterioro del nivel de vida de la población ahora
mismo son incalculables.
De esta forma, son los ciudadanos
los que financian a la banca, y no al revés. Y si las entidades no quiebran,
gracias a la financiación pública, podrán "hibernar" sus activos tóxicos, sus
viviendas y especialmente sus suelos rústicos altamente sobrevalorados, hasta
un momento futuro en que puedan revenderlos a mejor precio que el actual. Así
se evitaría que estalle del todo la burbuja inmobiliaria y conservarla en
cambio para su reactivación en un futuro relativamente cercano.
Una burbuja que tuvo como elemento
clave de origen la Ley estatal del suelo de 1998, en la que se establecía que
el valor de un terreno no se debía medir por su propia naturaleza y entorno
(protegido, rústico, urbano o urbanizable), sino por el valor “expectante” de
mercado. Como consecuencia las empresas de tasación, vinculadas o pagadas por
las propias entidades financieras, comenzaron a atribuir a viviendas y suelos
valores cada vez más elevados.
Entre 1997 y 2007 el precio de
las viviendas aumentó un 288 por ciento, según la Fundación BBVA. A su vez, el
84 por ciento de esta subida se debió a la repercusión del coste del suelo,
cuyo precio se quintuplicó en este mismo periodo. Las altas hipotecas que hoy
siguen pagando decenas de miles de españoles, y por las que muchos estás siendo
desahuciados, proceden de ese proceso. La ley se cambió en 2006, volviendo a la
valoración de los suelos por su situación real, pero sucesivas prórrogas en su
aplicación a los balances de las empresas han provocado que, a efectos de
contabilidad bancaria, nunca se haya revisado en profundidad el valor de los
terrenos de su propiedad.
Según explican fuentes cercanas
al sector, el procedimiento era sencillo: “Un señor de una empresa inmobiliaria
invita a comer al propietario de una finca agrícola. Al terminar el almuerzo,
le escribe en la servilleta que pueden hacer en sus suelos 1.000 viviendas, y
del beneficio que obtengan sólo tienen que quitar 6.000 euros por vivienda. Así
juntan seis millones de euros con los que pueden construir un campo de golf, lo
que ya de por sí justificaría la recalificación de los terrenos. Y de paso le
compraban el coche de bomberos al alcalde. Adquiere la finca con el valor
expectante escrito en la servilleta, pero no la paga en el acto, sino que pacta
pagos aplazados. Después va al banco con la misma servilleta y pide hipotecar
la finca al valor expectante, y resulta que le conceden el crédito aunque el
suelo siga siendo rústico. Así había hasta 200 operaciones en marcha en toda
Andalucía, en suelos no urbanizables, lo que suponía que se hubieran construido
200.000 viviendas. Pero al final casi ninguna operación salió, y ahora son
activos tóxicos de esos bancos que financiaron, y que vamos a pagar todos al
menos por duplicado”, sentencia.
Un ex trabajador de la quebrada
inmobiliaria Aifos, que también prefiere guardar el anonimato, confirma esta
tesis: “Se hacían operaciones de 100 o 120 millones en base a castillos en el
aire, a un mirlo blanco, como decíamos en el sector”. Un ejemplo claro de
activo tóxico hibernado, a la espera de que vuelva a hincharse la burbuja, es
la zona de Mangueta, en Vejer de la Frontera (Cádiz), una de las últimas playas
vírgenes, completamente libre de construcción, del litoral gaditano. La mayor
parte de las 270 hectáreas de este paraje fueron compradas en 2004 por una
inmobiliaria vinculada a CatalunyaCaixa por unos 30 millones de euros a pesar
de que era suelo rústico.
El avance del Plan General de
Ordenación Urbanística de Vejer llegó a contemplar en ese lugar la construcción
de un máximo de 400 viviendas, 950 plazas hoteleras y un campo de golf. Sin
embargo, la recalificación de los suelos nunca llegó a ser autorizada por la
Junta de Andalucía. Al final, el Plan de Ordenación del Territorio aprobado por
la Administración autonómica para la comarca gaditana de La Janda declara
Mangueta como suelo no urbanizable de especial protección, permitiendo
solamente la construcción de un hotel fuera de los primeros 500 metros del
frente litoral. Ese suelo, a pesar de que nunca fue urbanizable, es por tanto
ahora un activo tóxico.
“No sé cómo alguien pudo dar
5.000 millones de las antiguas pesetas por esos suelos, que sólo servían para
plantar cebollinos. Para lo único que ha valido es para incrementar el precio
de la vivienda en la zona y asfixiar a mucha gente con la hipoteca”, denuncia
un dirigente político gaditano relacionado con esta operación. Pero
CatalunyaCaixa no renuncia del todo. Según ha manifestado a Periodismo Humano
esta entidad financiera, nacionalizada y en proceso de rescate, Mangueta sigue
formando parte de su Plan de Gestión de Suelo. “Se trata de un suelo con tutela
especial y un grado de maduración urbanística todavía inicial, si bien nuestro
objetivo es la consolidación de nuestros derechos urbanísticos”, insisten.
Francisco Luis Benítez,
politólogo y experto en redes y estrategias de comunicación relacionadas con el
mundo financiero, lo tiene claro: “los suelos tóxicos los tienen en una
incubadora, esperando a volver a la burbuja especulativa, sin duda, y en este
plan, en diez años volveremos a ese modelo, que es totalmente insostenible”,
vaticina.
A su juicio, “todavía no se ha
pinchado de verdad la burbuja inmobiliaria, y deberían hacerlo. Hay dos
millones de viviendas vacías, y su precio tiene que volver casi a los niveles
en que estaban los precios de la vivienda en 1996. Porque si no, pasa lo que
ahora, que los ciudadanos pagan ese desfase tres veces. Una por un precio
inflado de las viviendas y unas hipotecas desmedidas. Dos, porque la inyección
a la banca en forma de créditos participativos resta dinero al Estado y a la
economía, porque son 5 puntos de nuestro PIB. Y tres, porque al final habrá que
financiarlo vía impuestos, subiendo el IVA hasta el 21 por ciento y otros
impuestos indirectos que gravan el consumo”.
Para que esto no sucediera, haría
falta, según Benítez, un mayor control democrático del rescate bancario. “Debe
crearse una comisión parlamentaria, con participación de todos los grupos
políticos, para hacer un seguimiento exhaustivo del rescate a la banca y
comprobar que el dinero que se inyecte sirva verdaderamente para refinanciar
las entidades, y que no se meta dinero en entidades que no merecen ser
salvadas. Hay que dejar caer lastres como Bankia y restructurar sólo lo necesario.
En Estados Unidos dejaron caer a Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers y la
aseguradora AIG. Si tienen que caer bancos, que caigan, no pasa nada”.
“Los accionistas y los acreedores
–continúa Benítez- pierden, pero qué le vamos a hacer, eso es el capitalismo. Y
los impositores tendrían garantizados sus depósitos hasta 100.000 euros. Qué le
vamos a hacer, ése es el riesgo de los bancos. El Estado no debería responder
ante los accionistas, y si ha sido una estafa piramidal, como la de Forum
Filatélico, pues que caigan, es lo que tiene la avaricia. Pero parece que aquí
los tiros no van por ahí. Parece que lo que se pretende es reactivar el
ladrillo y volver a la liberalización del suelo”, lamenta.
En su opinión, las soluciones
tienen que venir de la mano de la política, no desde el mundo financiero. “Sin
una política de gasto público que haga recuperar la confianza, el rescate no
servirá para nada”, advierte. Además, “hay que nacionalizar las comisiones
urbanísticas de aprovechamiento, con participación de las tres administraciones
públicas, para hacerlas más transparentes y evitar que se muevan entre la
alegalidad y la corrupción”. Y en la vertiente europea, “la UE está siendo
solidaria con España porque es una economía demasiado grande, no se puede hacer
lo mismo que con Grecia o Portugal. O se transforma en una auténtica unión
fiscal y monetaria o la UE se dinamita. Si hay un problema coyuntural
monetario, que Alemania vuelva temporalmente al marco y los demás nos quedemos en
el euro, y así se produce una devaluación automática de la moneda”, aventura
como posibles soluciones imaginativas.
La sobreprotección que Europa
está brindando al sistema financiero, ahora en concreto el español, se puede
deber al cambio de modelo productivo que se produjo a partir de los años
ochenta, a partir de las liberalizaciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher,
que repercutieron en todo Occidente con la deslocalización industrial, para
trasladar los centros de producción a países en vías de desarrollo, y la fuerte
dedicación de las economías desarrolladas al sector financiero, debilitando el
resto de su tejido productivo.
La crisis bancaria internacional
está poniendo en cuestión ese modelo. “China está creciendo a un 5% anual, y
eso para ellos no es crecimiento. Si Europa no les compra, se quedan sin
mercados donde vender, donde exportar”, recuerda Benítez. Y a su vez, “tiene
que haber vallas para los movimientos financieros especulativos. El Parlamento
europeo aprobó una tasa para este tipo de movimiento y todavía no se ha
aplicado”, lamenta. Actualmente en el mundo, por cada transacción de economía
real se dan novecientas de tipo financiero, en las que la especulación hace
multiplicarse el dinero, la rentabilidad, de forma artificiosa, “casi
ficticia”. Así, esta nueva fase de desarrollo del capitalismo podría fácilmente
denominarse “economía de ficción”.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en
1993. Ha sido redactor jefe de El Correo de Andalucía, corresponsal de
los periódicos Sur, Ideal y Diario de Cádiz y colaborador de Público,
Cambio 16 o Heraldo de Aragón. En el terreno de las agencias de prensa,
fue cofundador de Sur Press y ha colaborado con Servimedia y Colpisa.
También ha desarrollado su labor profesional en el campo de la
comunicación institucional, como asesor del Ministerio de Medio Ambiente
y de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía, y también como director de comunicación de varias empresas
públicas.
